Test de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público

C. La competencia para resolver un procedimiento cuya norma prevé un informe preceptivo, mientras ese informe aún no se ha emitido. — El art. 9.2 de la Ley 40/2015 prohíbe delegar, entre otras, las competencias sobre relaciones con la Jefatura del Estado, la Presidencia del Gobierno y las Cortes Generales, la adopción de disposiciones de carácter general y la resolución de recursos en los órganos que dictaron los actos recurridos. En cambio, según el art. 9.5, que la norma prevea un dictamen o informe preceptivo no impide delegar la competencia para resolver; solo deja de poder delegarse una vez emitido ese dictamen o informe.

B. Es motivado y no cabe recurso contra él, aunque puede impugnarse en el recurso contra la resolución del procedimiento. — Según el art. 10.2 de la Ley 40/2015, la avocación se realiza mediante acuerdo motivado, que se notifica a los interesados antes o a la vez que la resolución final. Contra el acuerdo de avocación no cabe recurso, aunque puede impugnarse en el que se interponga contra la resolución del procedimiento.

A. Solo para actividades materiales o técnicas, nunca prestaciones propias de un contrato. — Según los apartados 1 y 2 del art. 11 de la Ley 40/2015, la encomienda de gestión tiene por objeto actividades de carácter material o técnico, no puede tener por objeto prestaciones propias de los contratos del sector público y no supone cesión de la titularidad de la competencia.

D. No, no necesita publicación para su validez y no altera la competencia. — El artículo 12 de la Ley 40/2015 indica claramente que la delegación de firma no altera la competencia y no necesita publicación para su validez. En el acto se hace constar la delegación y la autoridad de procedencia.

A. Por vacante, ausencia o enfermedad, o cuando se haya declarado su abstención o recusación. — El artículo 13 de la Ley 40/2015 define la suplencia como la sustitución temporal del titular por vacante, ausencia o enfermedad, o cuando se haya declarado su abstención o recusación.

B. La asistencia del Presidente, del Secretario y de al menos la mitad de sus miembros. — Según el artículo 17.2 de la Ley 40/2015, el quórum de constitución requiere la asistencia del Presidente y del Secretario (o de quienes les suplan) y de al menos la mitad de sus miembros.

C. Órganos creados formalmente e integrados por tres o más personas, con funciones administrativas de decisión, propuesta, asesoramiento, seguimiento o control. — El art. 20.1 de la Ley 40/2015 define los órganos colegiados de la AGE como aquellos que se crean formalmente y están integrados por tres o más personas, a los que se atribuyen funciones administrativas de decisión, propuesta, asesoramiento, seguimiento o control.

A. En la misma reunión o en la inmediata siguiente. — El art. 18.2 de la Ley 40/2015 dispone que el acta de cada sesión podrá aprobarse en la misma reunión o en la inmediata siguiente.

A. Abstenerse de intervenir en el procedimiento y comunicarlo a su superior inmediato, que resolverá lo procedente. — El art. 23.1 de la Ley 40/2015 dispone que las autoridades y el personal en quienes concurra un motivo de abstención se abstendrán de intervenir en el procedimiento y lo comunicarán a su superior inmediato, quien resolverá lo procedente. Además, los superiores pueden ordenar la abstención (art. 23.3), y no abstenerse da lugar a responsabilidad (art. 23.5).

B. Consanguinidad hasta el cuarto grado y afinidad hasta el segundo. — Según el art. 23.2.b) de la Ley 40/2015, es motivo de abstención el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo con los interesados, los administradores de entidades interesadas o los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento. Los mismos motivos permiten la recusación (art. 24.1).

B. Sí, si se prestaron en los dos últimos años, de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar. — El art. 23.2.e) de la Ley 40/2015 considera motivo de abstención tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar. Los mismos motivos permiten la recusación (art. 24.1).

A. En tres días. — Según el artículo 24.4 de la Ley 40/2015, si el recusado niega la causa, el superior resuelve en tres días, previos los informes y comprobaciones oportunos.

B. Cuando favorezcan al presunto infractor o al infractor en la tipificación, sanción o prescripción, incluso respecto de sanciones pendientes. — El artículo 26 de la Ley 40/2015 establece que se aplican las disposiciones vigentes al producirse los hechos, pero tienen efecto retroactivo aquellas que favorezcan al presunto infractor o al infractor en la tipificación, en la sanción y en los plazos de prescripción, incluso respecto de sanciones pendientes de cumplimiento.

A. La comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza, declarada por resolución firme en vía administrativa. — El art. 29.3.d) de la Ley 40/2015 recoge como criterio de graduación de la sanción la reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa.

D. A los seis meses. — El art. 30.1 de la Ley 40/2015 dispone que, si las leyes que las establecen no fijan plazos, las infracciones muy graves prescriben a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses. En cambio, las sanciones impuestas por faltas leves prescriben al año.

A. Por toda lesión en sus bienes y derechos que sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, salvo fuerza mayor o daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar. — El artículo 32.1 de la Ley 40/2015 reconoce el derecho de los particulares a ser indemnizados por toda lesión en sus bienes y derechos que sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, salvo fuerza mayor o daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar.

C. No, si no se podían prever o evitar según el estado de la ciencia o de la técnica en el momento de producirse. — Según el art. 34.1 de la Ley 40/2015, no son indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquellos (los llamados riesgos del desarrollo).

B. Exige de oficio a sus autoridades y personal la responsabilidad en que hayan incurrido por dolo, culpa o negligencia graves (acción de regreso). — Según el artículo 36.2 de la Ley 40/2015, la Administración que haya indemnizado exige de oficio a sus autoridades y personal la responsabilidad en que hayan incurrido por dolo, culpa o negligencia graves, a través de la acción de regreso.

C. Al año, según el art. 67.1 de la Ley 39/2015. — El plazo no está en la Ley 40/2015, que solo fija los principios de la responsabilidad patrimonial (arts. 32 a 37). Lo establece el art. 67.1 de la Ley 39/2015: el derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo.

D. La dirección electrónica disponible para los ciudadanos cuya titularidad corresponde a una Administración o a organismos públicos o entidades de derecho público. — El artículo 38 de la Ley 40/2015 define la sede electrónica como una dirección electrónica disponible para los ciudadanos cuya titularidad corresponde a una Administración o a organismos públicos o entidades de derecho público. El titular responde de la integridad, veracidad y actualización de la información y servicios.

C. Personalidad jurídica pública; derecho privado, salvo excepciones. — Las EPE son entidades de derecho público con personalidad jurídica propia (art. 103.1), que, como todo organismo público, es personalidad jurídica pública diferenciada (art. 89.1). Según el art. 104, se rigen por el derecho privado, excepto en la formación de la voluntad de sus órganos, en el ejercicio de las potestades administrativas atribuidas y en los aspectos regulados específicamente en la ley.

A. El contrato plurianual de gestión. — Según el art. 108 ter.2 de la Ley 40/2015 (introducido por la Ley 11/2020), las agencias estatales actúan con arreglo al plan de acción anual y al contrato plurianual de gestión, que fija, entre otros extremos, los objetivos, los planes e indicadores, las previsiones máximas de plantilla, los recursos y los efectos asociados al grado de cumplimiento.

B. Su independencia funcional y autonomía especial deben estar determinadas por Ley, y la Ley 40 es supletoria. — Según el art. 109.1 de la Ley 40/2015, la independencia funcional o especial autonomía de las autoridades administrativas independientes debe determinarse en una norma con rango de ley. Según el art. 110.1, se rigen por su ley de creación, sus estatutos y la legislación de los sectores que supervisan, y solo supletoriamente por la Ley 40/2015.

D. Sociedad Mercantil Estatal (SME). — Según el art. 111.1.a) de la Ley 40/2015, es sociedad mercantil estatal aquella sobre la que se ejerce control estatal, entre otros casos porque la participación directa en su capital de la AGE o de entidades del sector público institucional estatal es superior al 50 %. Su denominación debe incluir «sociedad mercantil estatal» o «S.M.E.».

C. Mediante convenio, previa autorización de su creación por ley. — Según el art. 123 de la Ley 40/2015, los consorcios se crean mediante convenio suscrito por las Administraciones o entidades participantes. Si participa la AGE, su creación debe autorizarse por ley, y el convenio de creación requiere además autorización previa del Consejo de Ministros.

A. Que todo su personal esté contratado en régimen laboral. — El art. 128.1 de la Ley 40/2015 considera fundación del sector público estatal la que reúne alguno de estos requisitos: aportación mayoritaria (inicial o posterior), patrimonio integrado en más de un 50 % por bienes o derechos aportados o cedidos con carácter permanente, o mayoría de derechos de voto en el patronato. Que su personal sea laboral es un rasgo de su régimen jurídico, no un criterio de definición.

D. Por norma reglamentaria. — Según el art. 137 de la Ley 40/2015, los fondos carentes de personalidad jurídica se crean por ley, que determina su adscripción a la AGE, pero se extinguen por norma de rango reglamentario.

D. Los Protocolos Generales de Actuación son meras declaraciones de intención sin compromisos jurídicos exigibles, a diferencia de los convenios. — Según el art. 47.1 de la Ley 40/2015, los convenios son acuerdos con efectos jurídicos adoptados para un fin común. No son convenios los Protocolos Generales de Actuación, que comportan meras declaraciones de intención sin compromisos jurídicos concretos y exigibles.

B. En 5 días hábiles. — Según el art. 48.8 de la Ley 40/2015, los convenios suscritos por la AGE o sus organismos y entidades vinculados resultan eficaces una vez inscritos, en el plazo de 5 días hábiles desde su formalización, en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal. Además, se publican en el BOE en el plazo de 10 días hábiles desde su formalización.

A. Cuatro años, prorrogables hasta cuatro más, por acuerdo unánime. — Según el art. 49.h) de la Ley 40/2015, los convenios tienen una duración determinada no superior a cuatro años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior. Antes de que finalice, los firmantes pueden acordar unánimemente su prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales o su extinción.

A. Informe del servicio jurídico; 7 días hábiles. — Según el art. 50.2.a) de la Ley 40/2015, los convenios de la AGE y de sus organismos y entidades vinculados se acompañan del informe de su servicio jurídico, que debe emitirse en un plazo máximo de siete días hábiles desde su solicitud. El mismo plazo rige para los demás informes preceptivos y para la autorización previa del Ministerio de Hacienda (art. 50.2.b y c).

A. El incumplimiento de obligaciones de alguna parte, previo requerimiento para cumplir. — El artículo 51 de la Ley 40/2015 establece que una de las causas de extinción de un convenio es el incumplimiento de obligaciones de alguna parte, tras un requerimiento para subsanarlo y la persistencia del incumplimiento. Otras causas incluyen el cumplimiento del objeto, acuerdo unánime, decisión judicial, o cualquier otra causa prevista en el convenio o ley.

B. Al Tribunal de Cuentas (u órgano autonómico de fiscalización), en los tres meses siguientes a su suscripción. — Según el art. 53.1 de la Ley 40/2015, dentro de los tres meses siguientes a la suscripción de cualquier convenio cuyos compromisos económicos superen los 600.000 €, este debe remitirse electrónicamente al Tribunal de Cuentas u órgano externo de fiscalización de la Comunidad Autónoma. También se comunican sus modificaciones, prórrogas y extinción (art. 53.2).

B. El deber de actuar con el resto de Administraciones para fines comunes. — Según el art. 140.1.c) de la Ley 40/2015, la colaboración es el deber de actuar con el resto de Administraciones Públicas para el logro de fines comunes. La cooperación supone compromisos voluntarios para una acción común (letra d) y la coordinación, la obligación de garantizar la coherencia de las actuaciones (letra e).

C. Coordinación. — Según el art. 140.1.e) de la Ley 40/2015, la coordinación es el principio en virtud del cual una Administración Pública, y singularmente la AGE, tiene la obligación de garantizar la coherencia de las actuaciones de las Administraciones afectadas por una misma materia, cuando así lo prevén la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico.

C. Si el requerido no está facultado, no tiene medios suficientes, causaría un perjuicio grave a sus intereses o funciones, o la información es confidencial o reservada. — Según el art. 141.2 de la Ley 40/2015, la asistencia y colaboración solo pueden negarse cuando el requerido no esté facultado para prestarla, no disponga de medios suficientes, causara un perjuicio grave a los intereses cuya tutela tiene encomendada o al cumplimiento de sus funciones, o la información tenga carácter confidencial o reservado. La negativa se comunica motivadamente.

B. El Presidente del Gobierno. — Según el art. 146.1 de la Ley 40/2015, la Conferencia de Presidentes es un órgano de cooperación multilateral formado por el Presidente del Gobierno, que la preside, y por los Presidentes de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla.

D. El miembro del Gobierno competente por razón de la materia, que la preside, y los miembros de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas y de Ceuta y Melilla. — Según el art. 147.1 de la Ley 40/2015, la Conferencia Sectorial reúne, como Presidente, al miembro del Gobierno competente por razón de la materia y a los correspondientes miembros de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla. La composición con un Secretario de Estado y un representante por Comunidad corresponde a la Comisión Sectorial (art. 152.1).

A. Vota cada Administración representada. — Según el art. 151.1 de la Ley 40/2015, la votación en la Conferencia Sectorial se produce por la representación que tenga cada Administración Pública, y no por los distintos miembros de cada una de ellas.

D. Llevar a cabo las tareas técnicas que les asigne la Conferencia Sectorial o la Comisión Sectorial. — Según el art. 152.3 de la Ley 40/2015, las Conferencias Sectoriales pueden crear Grupos de trabajo, permanentes o temporales, formados por Directores generales, Subdirectores generales o equivalentes, para llevar a cabo las tareas técnicas que les asigne la Conferencia o la Comisión Sectorial; su director es un representante de la AGE. El órgano de trabajo y apoyo de carácter general de la Conferencia es la Comisión Sectorial (art. 152.1).