Test de sanidad: el temario común de las oposiciones sanitarias

C. Vuelve a una plaza de la misma categoría y área de salud. — Según el artículo 28, si la revisión de la incapacidad permanente que llevó a la pérdida de la condición de personal se produce dentro de los dos años siguientes a la declaración inicial, el interesado tiene derecho a reincorporarse a una plaza de la misma categoría y área de salud que ocupaba.

D. Selección de personal, promoción interna, movilidad y reingreso al servicio activo. — Según el art. 29.2 de la Ley 55/2003, la provisión de plazas se realiza por los sistemas de selección de personal, promoción interna y movilidad, así como por reingreso al servicio activo. Concurso, oposición y concurso-oposición son sistemas de selección (art. 31); además, cada servicio de salud determina los puestos de libre designación (art. 29.3).

D. 3 meses. — Para el personal temporal con formación universitaria (art. 33.3), el período de prueba tiene una duración máxima de 3 meses de trabajo efectivo. Para el resto del personal temporal, este máximo es de 2 meses. En ningún caso puede superar la mitad de la duración del nombramiento.

A. Haber superado un periodo de prácticas en la categoría de procedencia. — Los requisitos para la promoción interna (art. 34) son: estar en servicio activo, haber prestado al menos 2 años como fijo en la categoría de procedencia y poseer la titulación exigida para la nueva categoría. El periodo de prácticas no es un requisito general para la promoción interna, aunque sí puede existir para el acceso libre.

B. El empleado permanece en servicio activo en su categoría de origen. — La promoción interna temporal es una modalidad voluntaria en la que el empleado sigue adscrito a su categoría de origen, pero desempeña funciones de otra categoría. Cobra las retribuciones de las funciones desempeñadas (excepto trienios, que son los de origen) y, crucialmente, no consolida derechos en la nueva categoría.

B. Cobra las retribuciones del puesto que desempeña, a menos que sean inferiores a las de origen. — Durante una comisión de servicios (art. 39), el personal percibe las retribuciones correspondientes al puesto que está desempeñando temporalmente. Sin embargo, si estas retribuciones fueran inferiores a las de su puesto de origen, se le abonarían las de origen. En funciones especiales no adscritas a una plaza, se cobran las de origen.

A. Un concepto retributivo que se incrementa por cada tres años de servicios prestados. — Según el art. 42.1.b) de la Ley 55/2003, los trienios son una retribución básica que consiste en una cantidad determinada para cada categoría, en función del título exigido, por cada tres años de servicios. La cuantía de cada trienio es la establecida para la categoría a la que pertenezca el interesado el día en que se perfeccionó.

A. Se le deducen las retribuciones correspondientes al tiempo de huelga, pero esta deducción no es una sanción. — El artículo 41.7 especifica que el personal que ejerce el derecho a huelga no percibe las retribuciones correspondientes a los días de huelga. Es importante destacar que esta deducción no se considera una sanción disciplinaria y no afecta a las prestaciones de seguridad social del trabajador.

A. 12 horas. — Según el art. 51.2 de la Ley 55/2003, el personal tiene derecho a un período mínimo de descanso ininterrumpido de 12 horas entre el fin de una jornada y el comienzo de la siguiente (puede reducirse en el trabajo a turnos o al encadenar jornadas, con descansos alternativos). Además, si la jornada supera 6 horas continuadas debe haber una pausa de al menos 15 minutos (art. 50).

B. 30 días naturales. — Según el art. 53.1 de la Ley 55/2003, el personal tiene derecho a una vacación anual retribuida no inferior a 30 días naturales, o al tiempo que proporcionalmente corresponda en función del tiempo de servicios.

C. Mínimo 2 años. — Según el art. 67.2 de la Ley 55/2003, el tiempo mínimo de permanencia en excedencia voluntaria por interés particular (y en la declarada de oficio) es de dos años. No debe confundirse con el requisito para obtenerla: haber prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones públicas durante los cinco años inmediatamente anteriores (art. 67.1.a).

C. Exigir cualquier compensación a los usuarios por los servicios prestados. — Según el art. 72.2.q) de la Ley 55/2003, es falta muy grave la exigencia de cualquier tipo de compensación por los servicios prestados a los usuarios (aceptarla es falta grave, art. 72.3.l). La falta de obediencia debida es falta grave; la incorrección con los superiores y el incumplimiento injustificado del horario que no constituya falta grave son faltas leves.

C. Muy grave. — Según el art. 72.2.e) de la Ley 55/2003, es falta muy grave la falta de asistencia durante más de cinco días continuados o la acumulación de siete faltas en dos meses sin autorización ni causa justificada. Más de tres días continuados (o cinco faltas en dos meses) es falta grave cuando no constituya falta muy grave (art. 72.3.k).

C. 2 años. — Según el art. 72.6 de la Ley 55/2003, las faltas muy graves prescriben a los 4 años, las graves a los 2 años y las leves a los 6 meses, contados desde la comisión de la falta.

B. Hasta 2 años. — Según el art. 73.1.c) de la Ley 55/2003, la suspensión de funciones impuesta por faltas graves no superará los dos años; impuesta por faltas muy graves, no podrá ser inferior a dos años ni superior a seis. Si la suspensión no supera los seis meses, el interesado no pierde su destino.

B. Se le prohíbe volver al centro de origen hasta 2 años. — El artículo 73 especifica que el traslado forzoso sin cambio de localidad, aplicado como sanción por faltas graves, conlleva la prohibición de volver al centro de origen hasta por un período de 2 años.

C. 6 meses. — La suspensión provisional como medida cautelar (art. 75), aplicable en casos de faltas graves o muy graves, tiene una duración máxima de 6 meses. Esta suspensión puede alargarse si la paralización del expediente es imputable al propio interesado.

A. Becas de programas oficiales de formación, siempre que haya una propuesta favorable del servicio de salud. — Según el art. 77.1 de la Ley 55/2003, es compatible el disfrute de becas y ayudas de ampliación de estudios concedidas al amparo de programas oficiales de formación y perfeccionamiento del personal, siempre que para participar se requiera la previa propuesta favorable del servicio de salud. En lo demás rige el régimen general de incompatibilidades de los funcionarios públicos (art. 76).

A. La Administración, los sindicatos más representativos (estatal y autonómico) y los que obtengan el 10% o más de representantes. — La Mesa Sectorial de Negociación (art. 79) está compuesta por la Administración sanitaria y los sindicatos. Incluye a los sindicatos más representativos a nivel estatal y autonómico, y también a aquellos que hayan obtenido al menos el 10% de los representantes en las elecciones sindicales, asegurando una representación amplia.

C. Los pactos son de aplicación directa, mientras que los acuerdos requieren aprobación del órgano de gobierno. — Según el art. 80.1 de la Ley 55/2003, los pactos son de aplicación directa al personal afectado y versan sobre materias del ámbito competencial del órgano que los suscribe; los acuerdos se refieren a materias de la competencia del órgano de gobierno y, para su eficacia, precisan su previa, expresa y formal aprobación.

B. El Consejo de Dirección. — Según el art. 57 de la Ley General de Sanidad, cada Área de Salud cuenta, como mínimo, con un órgano de participación (Consejo de Salud de Área), un órgano de dirección (Consejo de Dirección de Área) y un órgano de gestión (Gerente de Área).

A. Un hospital general. — Según el art. 65 de la Ley General de Sanidad, cada Área de Salud dispondrá o estará vinculada, al menos, a un hospital general, que se encarga del internamiento clínico y de la asistencia especializada y complementaria.

C. Si son homologables, las necesidades lo justifican y hay disponibilidad económica, mediante convenios singulares. — Los hospitales privados pueden vincularse al SNS si son homologables a los públicos, si su vinculación se justifica por las necesidades del sistema y si existe disponibilidad económica, formalizándose a través de convenios singulares.

B. Son ingresos propios del Servicio de Salud, que puede reclamar al tercero. — En los casos en que un tercero está obligado al pago, los ingresos generados por la asistencia sanitaria son propios del Servicio de Salud, el cual tiene la potestad de reclamar dicho coste al tercero responsable, y no revierten directamente a quienes prestaron la atención.

D. Establecer un marco legal para la coordinación y cooperación de las Administraciones sanitarias para garantizar la equidad, la calidad y la participación social en el SNS. — El artículo 1 de la Ley 16/2003 establece que su objeto es servir de marco legal para la coordinación y cooperación de las Administraciones sanitarias con el fin de asegurar la equidad, la calidad y la participación social en el Sistema Nacional de Salud (SNS), además de reducir las desigualdades en salud.

A. El Estado. — El art. 2.b) de la Ley 16/2003 recoge como principio «el aseguramiento universal y público por parte del Estado». El acceso en condiciones de igualdad efectiva es un principio distinto, el del art. 2.a) (prestación de los servicios en condiciones de igualdad efectiva y calidad).

A. Nueve prestaciones. — El catálogo de prestaciones sanitarias, garantizado por el artículo 7 de la Ley 16/2003, comprende un total de nueve prestaciones esenciales para asegurar una atención integral y continuada.

A. El conjunto de técnicas, tecnologías o procedimientos con que se hacen efectivas las prestaciones sanitarias. — La cartera común de servicios es el conjunto de técnicas, tecnologías o procedimientos que se utilizan para hacer efectivas las prestaciones sanitarias incluidas en el catálogo. Se acuerda en el Consejo Interterritorial y se aprueba por real decreto.

A. Iniciativas organizadas para preservar, proteger y promover la salud de la población, incluyendo vigilancia epidemiológica y sanidad ambiental. — Según el art. 11 de la Ley 16/2003, la prestación de salud pública es el conjunto de iniciativas organizadas para preservar, proteger y promover la salud de la población. Incluye, entre otras, la vigilancia y alerta epidemiológica, la promoción de la salud, la prevención, la sanidad ambiental, la seguridad alimentaria y la salud laboral.

B. La continuidad de la atención una vez superadas las posibilidades de la atención primaria. — La atención especializada, según el artículo 13, tiene como función garantizar la continuidad de la atención sanitaria cuando las patologías o necesidades del paciente superan las capacidades de la atención primaria, hasta su posible reincorporación a esta.

B. Cuidados de larga duración, convalecencia, rehabilitación y cuidados intermedios. — El art. 14.2 de la Ley 16/2003, en su redacción vigente, establece que la atención sociosanitaria comprende, en todo caso, los cuidados sanitarios de larga duración, la atención sanitaria a la convalecencia, la rehabilitación en pacientes con déficit funcional y los cuidados intermedios.

C. Por causas exclusivamente clínicas que les impidan desplazarse en los medios ordinarios de transporte. — Según el art. 19 de la Ley 16/2003, el transporte sanitario, que necesariamente debe ser accesible a las personas con discapacidad, consiste en el desplazamiento de enfermos por causas exclusivamente clínicas cuya situación les impida desplazarse en los medios ordinarios de transporte.

C. Anualmente. — Según la Ley 16/2003, en la redacción dada por la Ley 3/2026, la Ponencia de Cribado Poblacional, dependiente de la Comisión de Salud Pública, evalúa el programa de cribado neonatal de enfermedades congénitas (prueba del talón) con una periodicidad mínima de un año.

A. Establecer su seguridad y eficacia antes de su posible inclusión en la cartera. — Según el art. 22.2 de la Ley 16/2003, el uso tutelado tiene como finalidad establecer el grado de seguridad, eficacia, efectividad o eficiencia de la técnica antes de decidir sobre su inclusión en la cartera de servicios del SNS. Se realiza con un diseño de investigación, por períodos de tiempo limitados, en centros expresamente autorizados y con el consentimiento informado de los pacientes.

C. Movilidad. — Según el art. 24 de la Ley 16/2003, la garantía de movilidad asegura el acceso a las prestaciones con independencia del lugar del territorio nacional en el que se encuentre el usuario en cada momento, con especial atención a los territorios insulares, así como el acceso a los servicios de referencia. La garantía de accesibilidad (art. 23) se refiere, en cambio, al acceso en condiciones de igualdad efectiva.

D. Los trasplantes de órganos y tejidos y la atención en catástrofes. — Según el art. 25.2 de la Ley 16/2003, quedan excluidas de la garantía de tiempo máximo de acceso las intervenciones quirúrgicas de trasplantes de órganos y tejidos, cuya realización depende de la disponibilidad de órganos, y la atención sanitaria ante situaciones de catástrofe.

D. La libre elección de facultativo, la segunda opinión y la humanización de la atención. — La garantía de calidad incluye aspectos como facilitar la libre elección de facultativo, ofrecer la posibilidad de una segunda opinión, promover la humanización de la atención y asegurar la accesibilidad para personas con discapacidad.

D. Para atender patologías que requieren concentrar los recursos diagnósticos y terapéuticos, a fin de garantizar la calidad, la seguridad y la eficiencia. — Según los arts. 27.1 y 28.2 de la Ley 16/2003, los servicios de referencia se designan en el seno del Consejo Interterritorial para atender patologías que precisan una concentración de los recursos diagnósticos y terapéuticos, a fin de garantizar la calidad, la seguridad y la eficiencia asistenciales. Los acredita el Ministerio de Sanidad y su atención se financia con el Fondo de cohesión sanitaria.

C. El titular del Ministerio de Sanidad. — El Consejo Interterritorial del SNS está presidido por la persona titular del Ministerio de Sanidad, quien lidera los debates y las recomendaciones en materia de política sanitaria a nivel nacional.

C. Como recomendaciones que se aprueban, en su caso, por consenso. — Los acuerdos del Consejo Interterritorial del SNS no son normas vinculantes, sino que se plasman en recomendaciones que se aprueban por consenso entre sus miembros, buscando la armonización de las políticas sanitarias.

A. En la intervención quirúrgica, en los procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores y, en general, en los procedimientos que suponen riesgos de notoria y previsible repercusión negativa sobre la salud del paciente. — Según el art. 8.2 de la Ley 41/2002, el consentimiento es verbal por regla general, pero se presta por escrito en los casos de intervención quirúrgica, procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores y, en general, aplicación de procedimientos que suponen riesgos o inconvenientes de notoria y previsible repercusión negativa sobre la salud del paciente.

B. Sí, puede revocarlo en cualquier momento, y esta revocación debe hacerse por escrito. — Según el art. 8.5 de la Ley 41/2002, el paciente puede revocar libremente por escrito su consentimiento en cualquier momento. Esto se aplica aunque el consentimiento inicial fuera verbal.

A. 16 años cumplidos o emancipación. — Según el art. 9.4 de la Ley 41/2002, cuando se trate de menores emancipados o mayores de 16 años que no estén en los supuestos de capacidad modificada judicialmente o de incapacidad para comprender la intervención, no cabe prestar el consentimiento por representación. Excepción: en una actuación de grave riesgo para la vida o la salud del menor, según el criterio del facultativo, consiente el representante legal, una vez oída y tenida en cuenta la opinión del menor.

A. Lo establecido con carácter general sobre la mayoría de edad (18 años). — Según el art. 9.5 de la Ley 41/2002, la práctica de ensayos clínicos y de técnicas de reproducción humana asistida se rige por lo establecido con carácter general sobre la mayoría de edad y por las disposiciones especiales de aplicación. La regla de los 16 años del art. 9.4 no se aplica a estos supuestos.

B. Las consecuencias relevantes que la intervención origina con seguridad, los riesgos relacionados con sus circunstancias personales o profesionales, los riesgos probables y las contraindicaciones. — Según el art. 10.1 de la Ley 41/2002, antes de recabar el consentimiento escrito el facultativo proporciona al paciente esta información básica: las consecuencias relevantes o de importancia que la intervención origina con seguridad; los riesgos relacionados con las circunstancias personales o profesionales del paciente; los riesgos probables en condiciones normales, conforme a la experiencia y al estado de la ciencia o directamente relacionados con el tipo de intervención; y las contraindicaciones.

B. Personas mayores de edad, capaces y que actúen libremente. — Según el art. 11.1 de la Ley 41/2002, por el documento de instrucciones previas una persona mayor de edad, capaz y libre manifiesta anticipadamente su voluntad sobre los cuidados y el tratamiento de su salud o, una vez llegado el fallecimiento, sobre el destino de su cuerpo o de los órganos.

D. Sí, pueden ser revocadas libremente en cualquier momento y deben constar por escrito. — Según el art. 11.4 de la Ley 41/2002, las instrucciones previas pueden revocarse libremente en cualquier momento, dejando constancia por escrito.

A. En el Ministerio de Sanidad, y se rige por normas reglamentarias previo acuerdo del Consejo Interterritorial del SNS. — Según el art. 11.5 de la Ley 41/2002, para asegurar la eficacia de las instrucciones previas en todo el territorio nacional se crea en el Ministerio de Sanidad el Registro nacional de instrucciones previas, que se rige por las normas que se determinen reglamentariamente, previo acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

B. 16 documentos, de la letra a) a la o), incluida la ñ). — El art. 15.2 de la Ley 41/2002 enumera 16 documentos, de la letra a) a la o), incluida la ñ). Los de las letras b), c), i), j), k), l), ñ) y o) solo son exigibles cuando se trate de procesos de hospitalización o así se disponga.

B. Se separan los datos identificativos de los clínicos para asegurar el anonimato, salvo consentimiento del paciente. — Según el art. 16.3 de la Ley 41/2002, el acceso a la historia clínica con fines judiciales, epidemiológicos, de salud pública, de investigación o de docencia obliga a preservar los datos de identificación personal separados de los clínico-asistenciales, de manera que, como regla general, quede asegurado el anonimato, salvo que el propio paciente haya dado su consentimiento para no separarlos.

C. 5 años desde el alta de cada proceso asistencial. — Según el artículo 17.1 de la Ley 41/2002, los centros conservan la documentación clínica durante un tiempo adecuado, y como mínimo, cinco años contados desde la fecha del alta de cada proceso asistencial.

C. La dirección del centro sanitario. — Según el art. 17.4 de la Ley 41/2002, la custodia de las historias clínicas está bajo la responsabilidad de la dirección del centro sanitario, que gestiona la historia a través de la unidad de admisión y documentación clínica. El art. 19 reconoce además el derecho del paciente a que el centro establezca un mecanismo de custodia activa y diligente.

D. Cuando el acceso perjudique el derecho de terceras personas a la confidencialidad o la reserva de anotaciones subjetivas de los profesionales. — El artículo 18.3 de la Ley 41/2002 establece limitaciones al derecho de acceso del paciente. No puede ejercitarse en perjuicio del derecho de terceras personas a la confidencialidad ni en perjuicio del derecho de los profesionales a la reserva de sus anotaciones subjetivas.

C. Las personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho, salvo que el fallecido lo hubiese prohibido expresamente y así se acredite. — Según el art. 18.4 de la Ley 41/2002, los centros solo facilitan el acceso a la historia clínica de los pacientes fallecidos a las personas vinculadas a ellos por razones familiares o de hecho, salvo que el fallecido lo hubiese prohibido expresamente y así se acredite. El acceso de un tercero motivado por un riesgo para su salud se limita a los datos pertinentes.

D. El paciente, su familiar o persona vinculada a él, en su caso. — El artículo 20 de la Ley 41/2002 establece que todo paciente, familiar o persona vinculada a él, en su caso, tiene derecho a recibir del centro, una vez finalizado el proceso asistencial, un informe de alta.

D. Si el paciente no acepta el tratamiento prescrito y no firma el alta voluntaria, a propuesta del médico responsable. — El alta forzosa puede ser dispuesta por la dirección del centro, a propuesta del médico responsable, cuando un paciente no acepta el tratamiento prescrito y se niega a firmar el alta voluntaria. Esta medida se aplica bajo condiciones reguladas por la ley.

A. Si el centro sanitario ofrece una alternativa terapéutica, aunque sea paliativa, y el paciente acepta recibirla. — El alta forzosa no procede si el centro sanitario ofrece al paciente tratamientos alternativos, incluso si son paliativos, y el paciente acepta recibirlos. En este caso, se documentan estas circunstancias y se evita el alta forzosa.

A. El juez. — Si un paciente no acepta el alta y persiste en su negativa, la dirección del centro, tras oír al paciente, debe poner el caso en conocimiento del juez para que este confirme o revoque la decisión de alta (art. 21.2).

A. Solo cuando así lo establezca una disposición legal o reglamentaria. — Según el art. 22 de la Ley 41/2002, todo paciente o usuario tiene derecho a que se le faciliten los certificados acreditativos de su estado de salud, que son gratuitos solo cuando así lo establezca una disposición legal o reglamentaria.

C. En los proyectos de investigación médica, en los procesos de extracción y trasplante de órganos, en los de aplicación de técnicas de reproducción humana asistida y en los que carezcan de regulación especial. — Según la disposición adicional segunda de la Ley 41/2002, sus normas sobre información asistencial, consentimiento informado y documentación clínica se aplican de forma supletoria en los proyectos de investigación médica, en los procesos de extracción y trasplante de órganos, en los de aplicación de técnicas de reproducción humana asistida y en los que carezcan de regulación especial.

B. Únicamente las conclusiones sobre la aptitud para el puesto o la necesidad de medidas preventivas. — Según el art. 22.4 de la Ley 31/1995, el acceso a la información médica de carácter personal se limita al personal médico y a las autoridades sanitarias; al empresario solo se le comunican las conclusiones sobre la aptitud del trabajador para el puesto o la necesidad de introducir o mejorar medidas de protección y prevención.

B. A los trabajadores que, por sus características personales o estado biológico, sean especialmente sensibles a los riesgos del trabajo. — El empresario garantiza de manera específica la protección de los trabajadores que, por sus características personales o estado biológico conocido, incluidos los que tengan reconocida una discapacidad, sean especialmente sensibles a los riesgos del trabajo (art. 25).

B. Adaptar las condiciones o el tiempo de trabajo, incluida la no realización de trabajo nocturno o a turnos si es necesario. — Según el art. 26.1 de la Ley 31/1995, si existe riesgo, el empresario adapta las condiciones o el tiempo de trabajo de la trabajadora afectada, incluida, cuando resulte necesario, la no realización de trabajo nocturno o a turnos. El cambio de puesto (art. 26.2) y la suspensión del contrato (art. 26.3) solo proceden si el paso anterior no es posible.

A. A su superior jerárquico directo y a los trabajadores designados para la prevención o, en su caso, al servicio de prevención. — El trabajador debe informar de inmediato a su superior jerárquico directo y a los trabajadores designados para la prevención, o, en su caso, al servicio de prevención, de cualquier situación que entrañe un riesgo (art. 29.2).

C. 50 trabajadores — Según el art. 38.2 de la Ley 31/1995, el Comité de Seguridad y Salud se constituye en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 o más trabajadores. Desde 6 trabajadores la participación se canaliza a través de los representantes (art. 34).

D. Trimestralmente — Según el art. 38.3 de la Ley 31/1995, el Comité de Seguridad y Salud se reúne trimestralmente y siempre que lo solicite alguna de las representaciones en el mismo.

C. Ley Orgánica 3/2007 — La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, promueve la igualdad y prohíbe la discriminación por razón de sexo.

A. Una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros que ponen a personas de un sexo en desventaja particular respecto de las del otro, salvo justificación objetiva. — La discriminación indirecta es una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros que ponen a personas de un sexo en desventaja particular respecto de las del otro, salvo que puedan justificarse objetivamente por una finalidad legítima y los medios sean necesarios y adecuados (art. 6.2).

D. Ningún sexo por encima del 60% ni por debajo del 40% — Según la disposición adicional primera de la LO 3/2007, hay composición equilibrada cuando, en el conjunto de que se trate, las personas de cada sexo no superan el 60 % ni son menos del 40 %.

D. En aquellos en que las alegaciones de la parte actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias por razón de sexo, salvo en los procesos penales. — Según el art. 13.1 de la LO 3/2007, en los procedimientos en que las alegaciones de la parte actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias por razón de sexo, corresponde a la persona demandada probar la ausencia de discriminación y la proporcionalidad de las medidas. El art. 13.2 excluye los procesos penales.

D. 50 trabajadores — Según el art. 45.2 de la LO 3/2007, en la redacción dada por el Real Decreto-ley 6/2019, las empresas de 50 o más trabajadores deben elaborar y aplicar un plan de igualdad. El umbral anterior era de 250.

C. Procesos de selección, contratación, formación, promoción, condiciones de trabajo, conciliación, retribuciones y prevención de acoso. — El diagnóstico abarca, al menos: proceso de selección y contratación; clasificación profesional; formación; promoción profesional; condiciones de trabajo, incluida la auditoría salarial; ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral; infrarrepresentación femenina; retribuciones; y prevención del acoso sexual y por razón de sexo (art. 46.2).

B. En el Registro de Planes de Igualdad de las Empresas, como parte de los registros de convenios colectivos. — Según el art. 46.4 y 46.5 de la LO 3/2007, existe un Registro de Planes de Igualdad de las Empresas, como parte de los registros de convenios colectivos, y las empresas están obligadas a inscribir en él sus planes de igualdad.

B. La violencia que, con el objetivo de causar perjuicio o daño a las mujeres, se ejerce sobre sus familiares o allegados menores de edad por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o parejas. — El art. 1.4 de la LO 1/2004, añadido por la LO 8/2021, extiende la violencia de género a la que, con el objetivo de causar perjuicio o daño a las mujeres, se ejerce sobre sus familiares o allegados menores de edad por parte de las personas del art. 1.1 (cónyuges o exparejas, aun sin convivencia). La ley llama violencia vicaria a esta forma de violencia en los arts. 19.5 y 19 bis.

B. Presunción de inocencia en todos los casos. — El art. 2 de la LO 1/2004 enumera once principios rectores (letras a a k), entre ellos la sensibilización, la consagración de derechos de las mujeres víctimas, la tutela institucional, la especialización de los colectivos profesionales y la transversalidad de las medidas. La presunción de inocencia no figura entre ellos.

A. Promueven e impulsan actuaciones para la detección precoz de la violencia de género. — Según el art. 15.1 de la LO 1/2004, las Administraciones sanitarias, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, promueven e impulsan actuaciones de los profesionales sanitarios para la detección precoz de la violencia de género y proponen medidas para mejorar la atención sanitaria a las víctimas.

A. Suspensión de la relación laboral con reserva de puesto y situación legal de desempleo. — El art. 21.1 de la LO 1/2004 reconoce a la trabajadora víctima de violencia de género, entre otros derechos, la suspensión de la relación laboral con reserva de puesto de trabajo. Según el art. 21.2, la suspensión (y también la extinción) da lugar a la situación legal de desempleo, y el tiempo de suspensión se considera periodo de cotización efectiva.

A. Como ausencias justificadas y remuneradas, cuando así lo determinen los servicios sociales o de salud. — Según el art. 21.4 de la LO 1/2004, las ausencias o faltas de puntualidad motivadas por la situación física o psicológica derivada de la violencia de género se consideran justificadas y son remuneradas cuando así lo determinen los servicios sociales de atención o los servicios de salud, sin perjuicio de que la trabajadora las comunique a la empresa a la mayor brevedad.

A. Un informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios. — La situación de violencia de género se acredita, entre otras formas, mediante un informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios (art. 23).

B. Si la víctima tiene una discapacidad reconocida del 33% o superior. — Según el art. 27.2 de la LO 1/2004, el importe de la ayuda equivale a seis meses de subsidio por desempleo, y a doce meses si la víctima tiene reconocida oficialmente una discapacidad igual o superior al 33 %. Con responsabilidades familiares puede alcanzar 18 meses, o 24 si la víctima o un familiar con el que convive tiene esa discapacidad (art. 27.4).